Constitución, diversidad y desarrollo sostenible: una reforma inacabada
Por Josu Ortuondo, diputado al Parlamento Europeo por EAJ-PNV

La Constitución europea, un instrumento necesario

El fracaso del Consejo Europeo de diciembre de 2003 que debía haber legitimado definitivamente el proyecto de Constitución Europea ha sido enmendado por el vuelco político habido en el Estado español tras las recientes Elecciones Generales del 14 de marzo. Esto ha quedado patente en la última Cumbre Europea de los días 25 y 26 de marzo que se ha comprometido a aprobar dicho proyecto de Constitución antes de la próxima reunión comunitaria de Jefes de Estado y gobierno, prevista para mediados de junio. Además, se ha demostrado que las meras negociaciones intergubernamentales no son suficientes y que siempre es mejor, para abordar las grandes cuestiones trascendentales, el método practicado por la Convención sobre el futuro de la Unión, es decir, un trabajo democrático profundo de diálogo, por un lado, entre gobiernos, Parlamento Europeo y parlamentos estatales y, por otro, con las partes sociales, económicas y medioambientales. El proyecto de Constitución Europea representa una prueba fundamental no solamente por su contenido, sino también por lo que supone su método de elaboración y aprobación. Tenemos que ser rigurosos y exigentes, pidiendo que el acuerdo en el Consejo Europeo de junio no suponga un retroceso con respecto al proyecto constitucional elaborado por la Convención.

Una revisión con plazos concretos

El mandato que dio el Consejo Europeo de Laeken a la Convención encargada de redactar el proyecto de Constitución (diciembre de 2001) hablaba de las cuestiones institucionales, del papel político de la Unión Europea en el mundo, de una mayor integración de algunas políticas (asuntos exteriores, defensa, justicia, integración económica) y de la intensificación de la cooperación en la inserción social, el medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria. La Convención ha trabajado mucho sobre los aspectos institucionales interestatales, pero no quiso entrar en la diversidad intraestatal, en el reconocimiento de otros niveles culturales, lingüísticos e identitarios, no quiso abordar una arquitectura institucional en la que tuvieran un lugar las naciones históricas con competencias legislativas (como Euskadi) ni quiso analizar de manera sistemática y para su posible reformulación, los capítulos políticos (como los de agricultura, transportes, cohesión, cooperación e investigación y desarrollo), debido quizás también a la ambigüedad del mandato recibido. Todo ello ha supuesto una carencia importante que tendrá que convertirse en la siguiente tarea de quien se encargue, pasado no mucho tiempo, de abordar de nuevo el texto constitucional para mejorarlo. Muchos de los capítulos políticos, tal y como aparecen en el proyecto constitucional, son anticuados y se oponen a los objetivos de desarrollo sostenible y protección del medioambiente. El capítulo sobre “agricultura”, por ejemplo, sigue definiendo el “crecimiento en la productividad agrícola” como objetivo clave de la Unión, sin mencionar la necesidad del desarrollo sostenible en zonas rurales y manteniendo esa contradictoria definición con los numerosos excedentes de producción de muchos productos agrarios. El capítulo sobre la Política Comercial Común sigue considerando la liberalización del comercio como un objetivo en sí mismo, en lugar de un medio para promover el desarrollo y el bienestar sostenible. Y lo mismo ocurre con otros capítulos.

Por ello, La Unión Europea debería dotarse, cuanto antes, de un calendario de revisión “con plazos concretos” de estos capítulos. El proyecto de Constitución ya prevé unos mecanismos de revisión que dan al Parlamento Europeo, además de a la Comisión y a los gobiernos de los Estados, el poder de presentar propuestas de enmienda al texto constitucional e identifica las Convenciones como el instrumento más apropiado para dichas revisiones. El Consejo sólo podrá evitar el método convencional si el Parlamento se lo autoriza expresamente en los casos de escasa relevancia de las modificaciones que se pretendieran. Los Verdes y los representantes de las Naciones sin Estado europeos opinamos que también es necesario eliminar el derecho a veto de los Estados miembros en el procedimiento de revisión de la Constitución, y asociar plenamente al Parlamento Europeo en el proceso de ratificación.

Las futuras revisiones representarán una tarea difícil, pero a su vez inevitable, debido al enfrentamiento que se producirá con los grandes intereses económicos o privilegios consolidados, así como el cambio de paradigmas y mentalidades que implicará la integración de la dimensión del desarrollo sostenible en su redacción. El debate sobre la energía nuclear fue un ejemplo de ello. En diferentes ocasiones, en el marco de los trabajos de la Convención – y también durante la Conferencia Intergubernamental, foro en que se trató una propuesta de la hoy ministra en funciones Ana Palacio -, se intentó incorporar a la Constitución, sin debate y sin modificación alguna, el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica; en todos los casos los intentos fracasaron, por lo que, si bien no se consiguió que se revisara EURATOM, por lo menos se ha evitado su plena integración, tal cual, en la carta constitucional. EURATOM tiene, por lo tanto, personalidad legal separada, y eso permitirá a los Estados revisarlo o abandonarlo sin que esta decisión tenga repercusiones sobre la asociación a la Unión.

Afortunadamente, y como reconoce el G-8 de las grandes organizaciones medioambientales europeas, se ha evitado que el texto constitucional retrocediera con respecto a lo que dicen los Tratados de la Unión en materia de medio ambiente, lo cual ha sido un éxito importante en tiempos de floja sensibilidad medioambiental o de reciente “reinstauración de sentimientos anti-ecológicos” en estados como España o Italia.

Una Convención para el desarrollo sostenible y la diversidad

¿Qué queda por hacer? Primero, salvemos el proyecto de Constitución del naufragio, y a partir de la entrada en vigor del mismo, tratemos de activar las cláusulas de revisión sobre todos los capítulos que queramos mejorar. Quedarse sin Constitución significaría quedarse sin los avances logrados en la definición de los nuevos objetivos y con la herencia pesada de los Tratados actuales, redactados desde una concepción exclusivista de los Estados y en tiempos de crecimiento económico cuantitativo sin límites y de ilusiones de resolución neo-liberal de los conflictos socio-económicos.

El modelo de la Convención ha demostrado ser más democrático y abierto que el de las Conferencias Intergubernamentales, por lo que tendrá que ser reforzado, asociando organizaciones culturales, lingüísticas, interregionales, sociales, económicas y medioambientales al diálogo. Incluso podríamos imaginar una verdadera Convención ad hoc para integrar la sostenibilidad y la diversidad intraestatal en todo el texto constitucional, completando así el trabajo dejado a medias por la reciente Convención.